Los objetivos de conectividad adoptados durante los últimos años por la Comisión Europea se han traducido en una serie de normativas que, con la finalidad de favorecer el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad, buscan simplificar procedimientos y reducir las consideradas «cargas administrativas», a la vez que imponen un uso intensivo del dominio público, especialmente del local. Ello se ha plasmado en una serie de obligaciones a cuenta de las administraciones locales, como las relativas a garantizar el acceso a sus infraestructuras físicas y las correlativas de transparencia, cuyo cumplimiento va a suponer un importante reto para las mismas, siendo la aprobación del denominado «Reglamento europeo de la Infraestructura de Gigabit» el punto de inflexión en este sentido.