Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen medidas para reducir el coste del despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de gigabit (y se deroga la Directiva 2014/61/UE).
Tras un informe de 2018, sobre la aplicación de la Directiva de reducción de costes de banda ancha, se encontró que no se estaba aplicando de manera consistente en la UE. Debido a esto, la Comisión propuso su sustitución por la Ley de Infraestructuras de Gigabit (GIA). Esta ley, actualiza las reglas para garantizar un despliegue más rápido, más barato y más simple de la instalación de redes Gigabit, abordando los principales obstáculos, como los procedimientos costosos y complejos para el despliegue de la red. Esto es fundamental para implantar las redes de comunicaciones de próxima generación y alcanzar los objetivos de conectividad establecidos por la UE (Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030).
Esta nueva ley introduce varias medidas destinadas a racionalizar el despliegue de las redes:
- Uso compartido de la infraestructura – Fomentar el uso compartido de conductos y postes para el despliegue de redes de muy alta capacidad (VHCN) para optimizar los recursos y reducir los costos.
- Codespliegue y coordinación de obras civiles – permite a los operadores de telecomunicaciones colaborar con proyectos de obras públicas para instalar cables de fibra óptica simultáneamente, reduciendo las interrupciones y acelerando la expansión de la banda ancha.
- Racionalización de los procedimientos administrativos – Simplificar los procedimientos administrativos relacionados con el despliegue de la red en toda la UE para reducir los obstáculos burocráticos y mejorar la eficiencia.
- Equipamiento de edificios con infraestructura preparada de alta velocidad – Fomentar la provisión de edificios con infraestructuras listas para la alta velocidad y garantizar el acceso a ellas para facilitar el despliegue y la adopción de la banda ancha.
- Concesión de permisos por silencio positivo en caso de que las autoridades nacionales no tomen una decisión en un plazo de 4 meses. Existen ciertas excepciones a este silencio positivo, como el ofrecimiento de una compensación por retrasos en la concesión de servicios.
- Punto de acceso a fibra óptica en edificios nuevos o renovados. También se introduce un distintivo opcional de «adaptación a la fibra» para los edificios equipados con ella.
Otro cambio de esta nueva ley es que las TowerCos están ahora por primera vez totalmente sujetas a las disposiciones de la GIA. Entre los beneficios de esta nueva inclusión podemos destacar el acceso a edificios públicos, un proceso más rápido de concesión de permisos de construcción y una limitación de la especulación sobre los precios de arrendamiento de terrenos.
«En Europa, la implantación de la fibra y la 5G podría ser mucho más fácil con menos carga administrativa. Esta carga administrativa la tratamos en el denominado Reglamento de la Infraestructura de Gigabit. Ahora hemos alcanzado con el Parlamento Europeo un acuerdo preliminar que permitirá que los ciudadanos europeos naveguen con mayor rapidez utilizando la fibra o la 5G» Petra de Sutter, vice primera ministra y ministra de Función Pública, Empresas Públicas, Telecomunicaciones y Correos de Bélgica
«Con la conclusión del diálogo tripartito, Bélgica demuestra su firme defensa de un acceso rápido y óptimo a internet para todos. Unificando la red en todo el territorio construimos puentes hacia un ecosistema europeo más amplio, demostrando así nuestro interés por una armonización de ámbito europeo. Esta iniciativa no solo promoverá la conectividad rápida para nuestros conciudadanos, sino que también fomentará las economías de escala para los operadores y empresas participantes» Mathieu Michel, secretario de Estado de Digitalización, encargado de Simplificación Administrativa, Protección de la Vida Privada y del Instituto de la Propiedad Inmobiliaria Pública de Bélgica
En febrero de 2024 se alcanzó un acuerdo político y la Ley de Infraestructuras de Gigabit (GIA) entró en vigor el 11 de mayo de 2024. Será plenamente aplicable en noviembre de 2025.
Fuentes relacionadas:
